Por: Wilmer Machaca
Estoy seguro que si se haría auditorías a los espacios legislativos en las distintas instancias de cogobierno de la universidad pública, llámese “Honorable Consejo Universitario” o “Ilustre Consejo Universitario”, evidenciaría que la mayoría de las sesiones están destinadas a resolver controversias que tienen que ver con “espacios de poder”: impugnaciones a procesos electorales, impugnaciones a convocatorias de docentes, impugnaciones a exámenes de competencias, etc. Son los intereses de las roscas docentes estudiantiles.
Quien pasó por las universidades publicas sabrán de lo que hablo.
Es cierto, la permanencia prolongada de estudiantes genera gastos al Estado, sobre todo, esos que están más de 15 años en la dirigencia universitaria. Con esta razón nos preguntamos, ¿Acaso no son las autoridades universitarias las que financian a las dirigencias estudiantiles?
¿Acaso no es mayor gasto o estafa al Estado el inflar carreras que están saturadas en su mercado laboral o que no existe tal demanda? ¿No es también una estafa permitirle a un estudiante cursar una carrera de la cual tal vez nunca ejercerá?
¿Cuáles son los motivos para lo anterior señalado?
La planificación no está en función de las necesidades del país, sino que esta tiene que adecuarse a los intereses y cupos de los grupos de poder. Más o menos las ecuaciones serían las siguientes:
- Más estudiantes+ más matriculados = más recursos
- Más estudiantes+ más materias = más docentes
- Más docentes +más votos = más poder
Excepto la UPEA, en el resto del sistema universitarios se rige por el voto ponderado, el voto docente define la elección de las autoridades en la universidad. Los mayores conflictos de las facciones en la universidad se dan por contratar y titularizar docentes, en donde no se dirimen por principios ideológicos, aunque todos se dicen ser izquierda, solo priman los intereses.
Se debe cuestionar el accionar de las dirigencias estudiantiles y su permanencia, así como también cuestionar la titularidad de los docentes, de la cual muchos se creen dueños de las materias, sin preparar clases, ni actualizarse. Se debe poner en vigencia y reglamentar el examen de oposición para docentes.
