El expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa Carlos Berzaín se presentaron este lunes en una corte federal en Florida para responder por su papel en la muerte de más de 50 personas en la represión a unas protestas en 2003.
El expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, son juzgados desde este lunes en una corte federal de Fort Lauderdale (Florida) por su responsabilidad en las muertes de más de 50 civiles durante una ola de protestas entre septiembre y octubre de 2003.
El juicio civil ha sido definido como «histórico» por parte de la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de Harvard, una de las organizaciones que impulsó el caso en el que familiares de las víctimas le exigen una indemnización a los exfuncionarios por lo que consideran «matanzas extrajudiciales».
«Es la primera vez que un ex jefe de estado se enfrenta a un juicio en EEUU por violación a los derechos humanos», afirmaron los profesores Susan Farbstein y Tyler Giannini de la clínica de derechos humanos de la universidad de Harvard.
Estas son las claves del juicio por el caso conocido en Bolivia como la ‘Masacre de Octubre’ que comienza este lunes y que podría extenderse por varias semanas:
¿Quiénes son los acusados?
El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1997 -2003) y su ministro de Defensa José Carlos Sánchez Berzaín. Ambos residen en Estados Unidos desde hace más de de 14 años cuando huyeron de Bolivia.
Conocido como ‘Goni’ y llamado también ‘gringo’ por su leve acento estadounidense al hablar español,Sánchez de Lozada proviene de una adinerada familia y vivió parte de su juventud en Estados Unidos, antes de regresar a Bolivia donde se convirtió en un exitoso empresario minero.
Sánchez de Lozada dimitió el 17 de octubre de 2003 de forma abrupta debido a la intensificación del conflicto generado por el rechazo a su plan de exportación de gas natural a Estados Unidos por territorio chileno. El expresidente tomó un helicóptero para huir de La Paz junto a su esposa y después viajó a EEUU. Desde entonces vive en un barrio acomodado de Chevy Chase, en Maryland. A sus 87 años, mantiene un perfil bastante reservado.
Al contrario que ‘Goni’, su ministro de Defensa y con quien ahora compartirá banquillo de los acusadosJosé Carlos Sánchez Berzaín, es muy activo en las redes sociales, donde critica fuertemente al gobierno de Evo Morales e incluso tiene una columna de opinión en un periódico de Miami.
Sánchez Berzaín vive en el sur de Florida, donde pidió asilo político en 2006. Un artículo publicado en el diario Miami Herald en 2016 señaló que el exministro de Defensa y a su cuñado aparecían como miembros de negocios inmobiliarios por valor de cerca de $9 millones de dólares.
¿Por qué se les juzga?
El juicio contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín es fruto de una demanda civil planteada en 2007 por familiares de ocho bolivianos que fueron víctimas del conflicto también conocido como la ‘guerra del gas’ por la explotación de recursos naturales.
Los demandantes esperan obtener indemnizaciones si el juez considera cierto que el expresidente y el exministro planificaron lo que consideran «matanzas extrajudiciales».
La demanda alega que, meses antes de los hechos violentos, «los dos acusados idearon un plan para matar a miles de civiles, e intencionalmente usaron fuerza letal en contra de las protestas políticas para reprimir a la oposición política», informó la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de Harvard en un comunicado.
Esta acusación puede ser juzgada en tribunales de Estados Unidos por el Acta de Protección para Las Víctimas de Tortura (TVPA, por sus siglas en ingles).
¿Quiénes presentan la demanda?
La demanda está firmada por nueve bolivianos que son familiares de las víctimas de las protestas:
- Eloy Rojas Mamani y Etelvina Ramos Mamani. Son los padres de Marlene Nancy Rojas Ramos, una niña de ocho años que, según la demanda, fue asesinada cuando estaba en el dormitorio de su madre en la localidad de Warisata y una bala traspasó la ventana de la casa y le atravesó el pecho.
- Sonia Espejo Villalobos. Es esposa de Lucio Santos Gandarillas Ayala, un hombre que, según la demanda, murió de un disparo en el abdomen por parte de los militares en la ciudad de El Alto, aledaña a La Paz.
- Hernán Apaza Cutipa. Es hermano de Roxana Apaza Cutipa, quien, según documentos judiciales, «fue asesinada el 12 de octubre de 2003 en su casa en la zona de Los Andes de El Alto por las Fuerzas Armadas bolivianas».
- Teófilo Baltazar Cerro. Es viudo de Teodosia Morales Mamani, quien, según la demanda, también murió de una bala de los militares que traspasó la pared de la casa de su hermana. Morales Mamani estaba embarazada de cinco meses al momento de su muerte.
- Felicidad Rosa Huanca Quispe. Es hija de Raúl Ramón Huanca Márquez, quien murió por disparos de los militares a los 69 años en Ovejuyo (La Paz).
- Juana Valencia de Carvajal. Es viuda de Marcelino Carvajal Lucero, quien, según la demanda, fue asesinado el 12 de octubre de 2003 en la zona Tunari de El Alto por las Fuerzas Armadas bolivianas.
- Hermógenes Bernabé Callizaya. Es hijo de Jacinto Bernabé Roque, quien falleció desangrado en un cerro después de recibir un disparo de un militar en una pierna, según los documentos judiciales.
- Gonzalo Mamani Aguilar. Es hijo de Arturo Mamani Mamani quien, según la demanda, fue asesinado a tiros cuando tenía 42 años en el cerro al que había ido para atender su terreno de papas.
Los demandantes están representados por organizaciones de Estados Unidos como el Centro de Derechos Constitucionales, la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de Harvard y varios bufetes y organizaciones de abogados.
¿Qué se espera del juicio?
El juicio que comienza este lunes en Florida se seguirá con mucho interés en Bolivia, donde recuerdan la ‘Masacre de Octubre’ como uno de los momentos más conflictivos de su historia reciente.
Hasta la fecha se ha condenado por esas muertes a cinco jefes militares pero, 14 años después, los familiares de las víctimas siguen exigiendo que se haga justicia y que se lleve a juicio a los responsables políticos de la represión contra las protestas.
«El expresidente y su ministro de Defensa ahora tendrán que escuchar mientras testificamos sobre lo que pasó», dijo uno de los demandantes, Teófilo Baltazar Cerro, en un comunicado. «Esperamos esta oportunidad histórica para tener nuestro día en la corte».
Por su parte, el exministro Sánchez Berzaín acusó en un comunicado enviado a la agencia española Efe al actual presidente Evo Morales (que durante la ‘guerra del gas’ era uno de los líderes al frente de las protestas) de querer responsabilizarles a él y a Sánchez de Lozada de un conflicto que «él mismo provocó».
A su juicio, Morales quiere «atribuir falsamente responsabilidades al Presidente Sánchez de Lozada y los miembros de su gabinete de ministros por los hechos luctuosos promovidos por el propio Morales y sus cómplices para derrocar el gobierno constitucional» en 2003.
¿Los podrían extraditar?
Bolivia lleva pidiendo al extradición de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín a Estados Unidos por más de 10 años sin éxito.
El juicio que comienza este lunes podría extenderse varias semanas hasta que se emita una resolución y no será vinculante respecto a una potencial extradición. Pero los afectados esperan que la sentencia reactive ese pedido para que el expresidente y el exministro puedan responder ante la justicia boliviana.
Entre quienes han pedido la extradición con motivo del juicio en Florida está el presidente Evo Morales quien apeló directamente a su homólogo estadounidense en su red social Twitter: Donald «Trump debe dejar de proteger a asesinos del pueblo y facilitar pronta extradición», afirmó el mandatario boliviano.
Saludamos que un juez de EEUU rechazó la chicana de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, y decidió iniciar, el 5 de marzo, un juicio civil contra los autores prófugos de la masacre de octubre 2003. Trump debe dejar de proteger a asesinos del pueblo y facilitar pronta extradición.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 21 de febrero de 2018
Sin embargo, a juicio de uno de los abogados bolivianos de las víctimas, Rogelio Mayta, las malas relaciones entre Bolivia y Estados Unidos complican esa posibilidad.
Estados Unidos y Bolivia no tienen embajadores desde 2008 cuando Evo Morales declaró persona no grata al estadounidenses y echó a la agencia antidrogas DEA, acusándolos de apoyar un supuesto complot contra su gobierno.
Por su parte, el exalcalde de La Paz, Juan del Granado, que ejercerá de testigo en el juicio, afirmó en una entrevista con el diario Página Siete que el proceso «dejará un precedente importante para la extradición de Sánchez de Lozada si resulta culpable en el proceso».
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