COCHABAMBA — Una profunda alerta ambiental y sanitaria sacude al departamento de Cochabamba tras revelarse la existencia de operaciones de minería a cielo abierto en zonas colindantes a la represa de Misicuni, la principal fuente de abastecimiento de agua para el eje metropolitano. Autoridades regulatorias, ambientales y empresas de servicios hídricos mantienen un estricto monitoreo técnico cuyos resultados de laboratorio se darán a conocer oficialmente este lunes 16 de noviembre.
El conflicto estalló a inicios de noviembre, cuando la asambleísta departamental Claudia Martínez denunció la presencia de maquinaria, campamentos y más de 30 pozas o piscinas de lavado en la cuenca del río Serqueta —uno de los principales afluentes que alimentan el embalse—. La zona afectada se encuentra enclavada dentro del Parque Nacional Tunari, un área protegida donde la normativa nacional prohíbe de manera tajante cualquier tipo de actividad extractiva.
Inspección, drones y resistencia en el área
Operativos de fiscalización y sobrevuelos con drones realizados en la zona permitieron constatar el impacto sobre el cauce hídrico y la afectación a la fauna local, además de evidenciar la instalación de cerca de 10 trancas de control en los caminos de acceso, donde comunarios y presuntos operadores restringen el paso de particulares y funcionarios.
Ante estas evidencias, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) confirmó indicios claros de actividad ilegal en el sector. La institución identificó antecedentes que vinculan el área a una vieja solicitud de cuadrículas mineras en el cerro El Dorado y una concesión tramitada desde 2005 que habría activado operaciones irregulares en los últimos años. Tras dejar notificaciones formales en los puntos de control, la AJAM anunció la presentación de denuncias penales ante el Ministerio Público contra los responsables, en tanto que la Cámara Departamental de Minería se desmarcó de los hechos y aclaró que ninguno de sus afiliados opera en el lugar.
Tranquilidad institucional frente al temor ciudadano
La noticia desató inmediata preocupación en los municipios abastecidos por el sistema —Cochabamba, Sacaba, Tiquipaya y Colcapirhua—. No obstante, las instituciones a cargo del recurso hídrico han intentado llevar calma a la población.
Desde la Empresa Misicuni y la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) señalaron que los controles internos habituales confirman que el agua potabilizada cumple con los parámetros exigidos y descartaron, de momento, la presencia de mercurio en la red de distribución domiciliaria.
Para disipar cualquier duda y blindar la seguridad sanitaria, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) intervino de manera independiente el pasado 12 de noviembre. La entidad ejecutó una toma paralela de muestras de agua en el río Serqueta, el vaso de la represa, la planta de tratamiento y distintos puntos de la red, las cuales fueron derivadas a un laboratorio externo especializado en metales pesados.
En paralelo, la Gobernación de Cochabamba —que reiteró no haber otorgado ninguna autorización de asentamiento minero en la cuenca— convocó a una mesa interinstitucional de emergencia junto al Sernap, la AJAM y los gobiernos municipales para coordinar nuevas acciones de control y garantizar la integridad de la principal reserva hídrica de la región. Los informes definitivos que se conocerán este inicio de semana marcarán el rumbo de las medidas legales y ambientales a seguir.
