La crisis entre el Gobierno de Rodrigo Paz y el magisterio urbano sumó este miércoles 11 de noviembre un nuevo actor de peso. La Central Obrera Boliviana (COB) anunció que respaldará las movilizaciones de los maestros y exigió la destitución del ministro de Educación, Erick Sanjinés, después de los enfrentamientos y las detenciones registrados durante las protestas del martes en La Paz.
El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, anunció que convocará a un ampliado nacional para coordinar el apoyo al sector educativo. La organización sindical también cuestionó la intervención policial y responsabilizó políticamente al titular de Educación por la escalada del conflicto, al considerar que su gestión ha contribuido a incrementar el descontento. La decisión abre la posibilidad de ampliar la movilización más allá de las federaciones del magisterio, aunque la convocatoria todavía debe traducirse en acciones concretas.
El conflicto comenzó por el rechazo a la propuesta gubernamental de transferir a las gobernaciones la administración de los institutos técnicos y tecnológicos. El Gobierno sostiene que la medida busca mejorar la gestión educativa y que no implica privatización; los maestros, en cambio, advierten que las administraciones departamentales podrían carecer de recursos suficientes para sostener los institutos y temen consecuencias para la estabilidad laboral y la educación pública y gratuita.
La tensión aumentó el martes 10 de noviembre, cuando estudiantes y docentes del Instituto Tecnológico Pedro Domingo Murillo protestaron en la autopista La Paz-El Alto. La intervención policial incluyó el uso de agentes químicos y dejó alrededor de 30 personas arrestadas. La Defensoría del Pueblo confirmó que verificó la presencia de docentes y estudiantes mayores de edad en dependencias de la FELCC y reportó dos maestras heridas durante las movilizaciones. Los arrestados recuperaron posteriormente su libertad.
La COB considera que estos hechos agravan el conflicto y sostiene que el ministro debería dejar el cargo por su incapacidad para resolver las diferencias con el sector. Sin embargo, el pedido sindical no equivale a una destitución: la decisión corresponde al presidente Rodrigo Paz, quien deberá definir si mantiene su respaldo a la autoridad, modifica la propuesta educativa o abre una negociación con nuevas condiciones.
Mientras tanto, los maestros retornaron a las aulas este miércoles, pero mantienen sus piquetes de huelga de hambre. La dirigencia convocó a una conferencia nacional para el viernes 13 de noviembre, con representantes de las 31 federaciones, donde evaluará nuevas medidas, entre ellas un paro de 72 horas o una paralización indefinida.
La Defensoría del Pueblo pidió retomar el diálogo y advirtió que la prolongación del conflicto puede afectar el derecho a la educación. Su verificación en 48 unidades educativas constató que 27 suspendieron actividades durante las jornadas analizadas, dos funcionaron parcialmente y 19 mantuvieron clases con normalidad.
La pregunta ahora es si el Gobierno responderá a la presión sindical con una salida política, una revisión del anteproyecto o una defensa de su propuesta. La incorporación de la COB cambia el escenario: el desacuerdo ya no enfrenta únicamente al Ministerio de Educación con los maestros, sino que amenaza con convertirse en un conflicto laboral de mayor alcance.
Para evitar una nueva escalada, el Ejecutivo debe explicar con claridad el contenido de la reforma, transparentar el financiamiento y garantizar la participación de la comunidad educativa. La dirigencia sindical, por su parte, deberá precisar el alcance de sus medidas y las condiciones para retomar el diálogo. En medio de esta disputa, los estudiantes no pueden quedar relegados ni convertirse en los principales perjudicados.
