En un operativo sorpresivo que ha sacudido las estructuras del sistema judicial boliviano, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron aprehendidos la noche del miércoles 30 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru.
Tras las detenciones, contingentes de la Policía Boliviana procedieron a intervenir simultáneamente las oficinas de la Fiscalía General en Sucre y de la Fiscalía Departamental en Santa Cruz, resguardando la documentación e instalaciones.
Vínculos con el narcotráfico y sanciones de EE. UU.
Aunque las autoridades locales inicialmente mantuvieron en reserva los detalles del mandamiento de aprehensión, el operativo coincide con un escenario de alta presión internacional. Menos de 72 horas antes del arresto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos había incluido a Mariaca y Zeballos en su lista de restricciones de visado, acusando formalmente al fiscal general de «corrupción significativa y protección al narcotráfico» mediante la solicitud y aceptación de sobornos.
La tensión aumentó tras la difusión de videos archivados del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en los cuales el prófugo alude directamente a una relación cercana con Mariaca. En dichas grabaciones, Marset se refiere al fiscal como su «amigo» y señala que era el encargado de alertarlo sobre los operativos policiales en su contra.
Designan fiscal interino tras la intervención
Ante la ausencia de la máxima autoridad del Ministerio Público, Luis Montaño asumió este jueves las funciones como fiscal general interino para garantizar la continuidad operativa de la institución.
Por su parte, la jefa de Comunicación de la Fiscalía General, Claudia Pardo, calificó la intervención policial de «ilegal», mientras que los equipos jurídicos de los fiscales aprehendidos negaron de forma contundente los señalamientos emitidos por el gobierno estadounidense. Se espera que en las próximas horas comparezcan ante un juez de medidas cautelares.
