Una protesta por una actividad minera cuestionada terminó convirtiéndose en uno de los conflictos más tensos registrados recientemente en el municipio de La Asunta, al norte del departamento de La Paz.
El sábado 22 de agosto, comunarios llegaron hasta un campamento minero ubicado en inmediaciones del río Boopi, denunciando presuntas actividades irregulares, afectación del cauce del río y daños ambientales.
La protesta terminó con enfrentamientos, uso de dinamita y piedras, personas heridas y maquinaria pesada incendiada.
Pero el dato que abre una pregunta mucho más profunda es otro: la Alcaldía de La Asunta asegura que ya había advertido a las autoridades sobre el problema desde mayo.
Tres meses después, el conflicto terminó en violencia.
Y ahora quedan 15 máquinas retenidas, un campamento intervenido, ciudadanos chinos señalados por organizaciones sociales, denuncias ambientales y una comunidad dividida.
La pregunta es inevitable:
¿Por qué las instituciones no lograron resolver el conflicto antes de que los comunarios tomaran el control de la situación?
Todo comenzó mucho antes de la quema
La versión de la Alcaldía de La Asunta sitúa el inicio de sus gestiones en el 26 de mayo de 2026.
Ese día, el municipio solicitó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) información sobre las actividades mineras identificadas dentro de su jurisdicción.
Según el abogado de la Alcaldía, Fabricio Rojas, la respuesta de la autoridad llegó el 25 de junio.
Pero las dudas no quedaron resueltas.
El 6 de julio, el municipio volvió a solicitar información, esta vez sobre la planimetría de las adjudicaciones mineras existentes en Sud Yungas y La Asunta.
Ocho días después, el 14 de julio, pidió una reunión de emergencia para tratar la situación.
La Alcaldía sostiene que las respuestas no fueron suficientes.
El 30 de julio, finalmente, presentó una denuncia ante el Ministerio Público.
Según la información proporcionada por el municipio, el caso ya cuenta con fiscal e investigador asignados. Posteriormente se presentó otra denuncia relacionada con presuntos delitos contra el medio ambiente.
Es decir, cuando la maquinaria terminó incendiada el 22 de agosto, ya habían transcurrido casi tres meses desde la primera solicitud formal de información realizada por el municipio.
El sábado que terminó en fuego
La tensión explotó el sábado 22 de agosto.
Organizaciones campesinas de La Asunta se movilizaron hacia un campamento minero situado en el sector de Río Seco, en inmediaciones del Boopi.
Los dirigentes denunciaban que la actividad aurífera estaba provocando movimiento de arena y áridos, afectando el cauce del río y generando posibles daños ambientales.
También cuestionaban la presencia de maquinaria pesada y la participación de ciudadanos extranjeros vinculados a la operación.
Pero en el lugar había pobladores que defendían las actividades desarrolladas en la zona. El enfrentamiento entre ambos grupos escaló rápidamente. Hubo lanzamiento de piedras y detonaciones de dinamita. En medio de la confrontación, parte de la maquinaria fue incendiada.
Las primeras informaciones reportaron un herido. Posteriormente surgieron reportes de hasta cinco personas afectadas. La cifra definitiva deberá ser establecida mediante partes médicos y reportes oficiales.
15 máquinas quedaron en manos de los comunarios
Después de la intervención del campamento, alrededor de 15 volquetas y otros equipos pesados fueron trasladados hacia La Asunta. Las organizaciones sociales resolvieron mantener la maquinaria bajo custodia comunal.
El domingo 23 de agosto, un cabildo debatió qué hacer con los equipos y aprobó mantener la retención mientras se define la situación. La decisión convirtió el conflicto ambiental y minero en un nuevo problema: ¿Quién tiene autoridad para disponer de maquinaria privada retenida durante un conflicto social?
La respuesta deberá llegar de las autoridades competentes. Mientras tanto, los equipos permanecen en poder de las organizaciones sociales.
El conflicto también apunta a ciudadanos chinos
El cabildo del domingo adoptó además una decisión que elevó la tensión. Los participantes declararon personas no gratas a ciudadanos chinos vinculados con la empresa minera y plantearon solicitar su salida del municipio, además de pedir la intervención de Migración.
La decisión fue justificada por los dirigentes a partir de las denuncias sobre daños ambientales y actividades mineras cuestionadas. Sin embargo, existe una precisión fundamental: la nacionalidad de una persona no determina la legalidad o ilegalidad de una actividad.
Para establecer responsabilidades se debe determinar qué personas estaban vinculadas a la operación, qué funciones cumplían, quién es el propietario de la empresa y qué derechos y autorizaciones tenía la actividad minera.
Ese es precisamente uno de los puntos que todavía falta esclarecer.
El río Boopi, en el centro de la disputa
El verdadero corazón del conflicto está en el río Boopi. Los comunarios que rechazan la actividad minera sostienen que las operaciones habrían alterado el cauce y provocado daños ambientales. También denunciaron movimiento de materiales y afectaciones relacionadas con el comportamiento del río.
El cabildo llegó a responsabilizar a la actividad minera por problemas que, según los dirigentes, afectan a comunidades y sectores urbanos.
Una denuncia no equivale todavía a una prueba técnica. Para establecer si realmente hubo contaminación, modificación del cauce o daños provocados por la operación minera será necesario contar con informes ambientales, estudios técnicos, inspecciones y, eventualmente, análisis de agua y suelo.
Dos comunidades, dos versiones
El conflicto tampoco puede reducirse a una disputa entre comunarios y una empresa extranjera.
En La Asunta existen pobladores que cuestionan la actividad minera y otros que la defienden.
Según reportes sobre el enfrentamiento, algunos comunarios de Río Seco sostuvieron que los trabajos desarrollados en la zona estaban relacionados con tareas de relleno y protección frente a posibles inundaciones.
La existencia de estas dos posiciones revela que detrás del conflicto también hay una disputa por el territorio, el uso del río y los beneficios económicos relacionados con la actividad minera.
Por eso será necesario escuchar a ambos sectores y revisar los documentos que respalden cada versión.
La AJAM queda bajo cuestionamiento
Mientras los comunarios reclaman por la falta de intervención estatal, la autoridad encargada de administrar y fiscalizar la actividad minera reconoció sus propias limitaciones.
La AJAM admitió problemas presupuestarios, logísticos y de recursos humanos para enfrentar las denuncias relacionadas con posibles actividades mineras ilegales.
También se informó que la institución cuenta con una capacidad operativa limitada para atender denuncias en todo el territorio nacional.
La explicación abre una nueva interrogante:
Si el municipio comenzó a pedir información en mayo y presentó una denuncia ante la Fiscalía en julio, ¿por qué el conflicto no fue resuelto antes de llegar a la violencia?
Esa pregunta no corresponde solamente a la AJAM. También deberá responderla el conjunto de instituciones encargadas de controlar la actividad minera y ambiental.
¿Era realmente minería ilegal?
Los dirigentes y autoridades municipales hablan de minería ilegal o irregular. Pero hasta ahora, con los datos disponibles, no corresponde presentar esa condición como un hecho judicialmente demostrado.
Para establecerlo será necesario conocer:
- La razón social de la empresa.
- Su representante legal.
- Sus propietarios o socios.
- El área exacta donde operaba.
- Si contaba con un contrato administrativo minero.
- Si tenía derechos mineros vigentes.
- Si contaba con licencia ambiental.
- Qué actividades permitían exactamente esas autorizaciones.
- Quién era propietario de las 15 máquinas retenidas.
- Qué relación tenían los ciudadanos extranjeros con la operación.
Lo que el Estado tendrá que investigar
La investigación no debería limitarse a determinar quién quemó las máquinas. Hay al menos dos investigaciones diferentes que deben avanzar.
Una: la actividad minera
Las autoridades deberán establecer si la operación contaba con derechos y autorizaciones y si cumplía las normas ambientales.
Dos: la violencia
También deberán determinar quiénes participaron en la quema de maquinaria, los enfrentamientos, las agresiones y la retención de equipos.
Una posible infracción ambiental no convierte automáticamente en legal la destrucción de bienes.
Y la existencia de violencia tampoco elimina la obligación del Estado de investigar si existía una actividad minera irregular.
Ambas cosas deben investigarse por separado.
¿Quién permitió que un conflicto denunciado durante meses llegara hasta este punto?
La respuesta dependerá de los documentos que todavía faltan.
Porque para saber qué ocurrió realmente en La Asunta no basta con mirar las máquinas quemadas.
Hay que seguir el camino de los permisos, los contratos, las denuncias, las inspecciones, el dinero y el río.
Nuestra investigación continuará con cinco documentos clave:
- La identificación legal de la empresa minera.
- Sus derechos y contratos registrados ante la AJAM.
- Su licencia ambiental y las actividades que tenía autorizadas.
- Las denuncias presentadas por la Alcaldía y las respuestas oficiales.
- Informes técnicos que determinen si la actividad minera provocó contaminación o alteraciones en el río Boopi.
Hasta entonces, las denuncias deben mantenerse como denuncias y las responsabilidades deberán ser establecidas por las autoridades competentes.
