La Paz, 21 de julio de 2026. Asociaciones de pacientes con cáncer de mama en el país manifiestan su preocupación ante el ingreso al sistema de salud público de medicamentos oncológicos sobre los cuales consideran que existe información internacional limitada. Si bien algunos de estos productos cuentan con registro sanitario otorgado por la autoridad regulatoria boliviana, las asociaciones señalan que no han sido aprobados por agencias regulatorias de alta vigilancia, ni cuentan con una amplia experiencia de uso fuera de su país de origen Irán e India, por lo que consideran importante fortalecer los criterios de evaluación científica y regulatoria antes de su incorporación al sistema público.
Para las mujeres que enfrentan un diagnóstico de cáncer de mama y sus familias, el acceso a tratamientos adecuados representa mayor esperanza de vida. En ese sentido, la Asociación de Personas con Cáncer y Familiares Bolivia lanzó la alerta ante la posibilidad de que se incorporen al país medicamentos que únicamente cuentan con autorización para su uso dentro de ese territorio y que no han sido validados por agencias regulatorias de alta vigilancia en otros países.
«Quienes enfrentamos un cáncer de mama vivimos con muchas incertidumbres. Por eso, necesitamos tener la tranquilidad de que los tratamientos que recibimos ofrecen las mayores garantías de seguridad y eficacia, además de y una evaluación regulatoria para nuestro país. Lo único que pedimos es que nuestra salud y nuestra vida estén siempre por encima de cualquier otro criterio», sostuvo Giovana Hoyos Ayarde, portavoz de la Asociación de Personas con Cáncer y Familiares.
El ingreso de medicamentos no validados biotecnológicamente en Bolivia se convierte en una situación crítica para el cáncer de mama debido a que solo han sido aplicados en su país de origen y no han sido evaluados por agencias reguladoras internacionales reconocidas por la rigurosidad y exhaustividad de sus estándares de seguridad. Esto toma un matiz preocupante considerando que el cáncer de mama representa la segunda causa de muerte de mujeres en el país. A ello, se suma una profunda preocupación por las políticas de compras institucionales, las cuales deberían priorizar el valor terapéutico de los medicamentos.
Las asociaciones expresan que, al tratarse de medicamentos que no han sido aprobados por agencias regulatorias de alta vigilancia y cuya experiencia de uso internacional es limitada, consideran conveniente que las autoridades refuercen los procesos de evaluación clínica y regulatoria para garantizar que las decisiones de incorporación al sistema público se sustenten en la mejor evidencia científica disponible. Dado el impacto del cáncer de mama en Bolivia, estiman que cada decisión terapéutica debe priorizar la seguridad, la eficacia y la confianza de las pacientes, con evidencia robusta.
Se trata de un panorama complejo considerando que, según datos oficiales, cada año se registran entre 1.500 y 1.700 casos de cáncer de mama en el territorio nacional, y alrededor de 400 mujeres pierden la vida a causa de esta enfermedad. Estas cifras obligan a que cada decisión deba tomarse bajo criterios estrictos de seguridad para evitar retrocesos en la salud de una población vulnerable.
En medio del malestar, las asociaciones de pacientes recuerdan que la estabilidad en el acceso a la salud es una demanda permanente que ya ha motivado protestas ante las recurrentes faltas de medicamentos en los centros de salud. “Las mujeres que enfrentamos un cáncer de mama necesitamos tener confianza en los tratamientos que recibimos. Esa confianza se construye sobre la base de procesos regulatorios sólidos, evidencia científica y criterios técnicos transparentes. Nuestro llamado es a continuar fortaleciendo estos mecanismos para garantizar que todas las pacientes tengan acceso a medicamentos que ofrezcan las mayores garantías posibles de calidad, seguridad y eficacia”, concluyó Giovana Hoyos.
