La tarde de este martes, el Gobierno central, a través del Ministerio de Defensa, dispuso el despliegue de un contingente militar hacia zonas afectadas por avasallamientos en el departamento de Santa Cruz, luego de que una comitiva de la Gobernación cruceña y la Policía Boliviana fuera emboscada cuando se dirigía a la zona de Las Londras, en el municipio de San Pedro.
Una autoridad gubernamental confirmó a EL DEBER que al menos 200 efectivos del Ejército serán trasladados al municipio de El Puente, en la provincia Guarayos, con el objetivo de reforzar los operativos de desalojo que ejecutará la Policía contra personas asentadas de manera ilegal en propiedades privadas.
El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, reconoció que la Policía fue rebasada por los grupos de avasalladores, lo que motivó la decisión de recurrir al apoyo de las Fuerzas Armadas, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado.
“La Policía ya no puede seguir adelante para manejar este conflicto. La Constitución es clara: las Fuerzas Armadas intervienen cuando la Policía es rebasada en sus capacidades”, afirmó Salinas en declaraciones al programa Encontrado.
La determinación gubernamental se produce tras la emboscada sufrida por autoridades departamentales, entre ellas el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quienes se trasladaban junto a un contingente policial desde la capital cruceña hacia El Puente, donde estaban previstos operativos de relevamiento y desalojo en predios tomados de forma ilegal.
Según versiones oficiales, el ataque fue perpetrado por grupos de avasalladores organizados, que operan en la zona y que habrían actuado con violencia y armas, impidiendo el avance de la comitiva oficial.
Tras el ataque, Camacho ratificó que el operativo continuará y que no se dará marcha atrás frente a la presión de los grupos ilegales.
“Esto no nos va a correr con la vaina del sable. Vamos a cumplir el compromiso y vamos a entrar. El temor que tienen es porque saben que la delincuencia está metida ahí”, declaró el gobernador.
Con el despliegue militar, el Gobierno busca retomar el control del territorio, garantizar la seguridad de las autoridades y fuerzas del orden, y avanzar con los desalojos en zonas afectadas por avasallamientos, un conflicto que vuelve a poner en el centro del debate la seguridad jurídica de la tierra y el rol del Estado frente a la ocupación ilegal en el oriente boliviano.
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