La solicitud fue presentada por el representante fiscal Ronald Andy Jurado Aduvri, a requerimiento de Rafael Quispe, quien actúa como querellante en este proceso judicial.
Según el memorial, Morales por su condición de expresidente del Estado podría tener conocimiento directo de los hechos investigados, debido a su acceso a información institucional durante el periodo en el que se ejecutaron los proyectos observados del Fondo Indígena.
El documento señala que la declaración del exmandatario resulta “idónea, necesaria y útil” para el esclarecimiento de los hechos y la reconstrucción histórica de la administración y destino de los recursos públicos asignados a proyectos productivos para comunidades indígenas.
El caso Fondo Indígena investiga un desfalco millonario a través de proyectos que no fueron ejecutados o quedaron inconclusos, pese a que los recursos fueron desembolsados. En el proceso ya existen exautoridades y exfuncionarios investigados, varios de ellos con detención preventiva, entre ellos el expresidente Luis Arce, quien guarda reclusión en el penal de San Pedro.
La investigación apunta a determinar responsabilidades políticas, administrativas y penales en la autorización y supervisión de los recursos públicos.
La solicitud se ampara en el artículo 72 del Código de Procedimiento Penal, que establece que toda persona tiene la obligación de colaborar con la justicia cuando es convocada como testigo.
Asimismo, el escrito subraya que el ordenamiento jurídico boliviano no reconoce fueros ni privilegios que eximan a una persona de comparecer ante la justicia, salvo las excepciones expresamente establecidas por ley.
Con esta solicitud, la Fiscalía busca ampliar las declaraciones dentro del proceso y avanzar en el esclarecimiento total del caso. La eventual comparecencia de Evo Morales podría marcar un nuevo giro político y judicial en una de las investigaciones de corrupción más emblemáticas del país.
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