Más de diez horas de lluvias intensas que provocaron la crecida del río Piraí. El desastre dejó al menos 32 familias desaparecidas y decenas de viviendas bajo el agua, evidenciando una vez más la alta vulnerabilidad de gran parte del país frente a eventos hidrometeorológicos extremos y la ausencia de sistemas de alerta temprana efectivos.
Las inundaciones registradas en Santa Cruz no son un hecho aislado ni imprevisible. Responden a un patrón cada vez más frecuente asociado al cambio climático: lluvias intensas concentradas en cortos periodos de tiempo, ríos que superan su capacidad y poblaciones asentadas en zonas de alto riesgo, sin mecanismos adecuados de prevención, monitoreo ni evacuación oportuna.
Departamentos como Santa Cruz, Beni y Pando presentan una alta exposición a inundaciones; sin embargo, carecen de sistemas integrales de alerta temprana y de equipos especializados de respuesta ante emergencias. Esta brecha institucional convierte fenómenos naturales en tragedias humanas, donde la reacción suele llegar tarde, con recursos limitados y cuando los daños ya son irreversibles.
Solo un municipio preparado
La ciudad de La Paz se constituye en el único municipio del país que cuenta con un Sistema de Alerta Temprana equipado, monitoreo permanente de ríos y laderas, y personal de respuesta de élite destinado exclusivamente a la atención de desbordes e inundaciones y deslizamientos durante la época de lluvias. Pese a su compleja topografía y a la recurrencia de estos eventos, la pérdida de vidas humanas es mínima o nula gracias a la activación oportuna de protocolos de evacuación preventiva y gestión del riesgo.
Este modelo responde a la adopción de estándares internacionales de reducción del riesgo de desastres, donde la prevención, la planificación territorial y la preparación institucional son claves para salvar vidas y reducir pérdidas materiales.
La deuda de las autoridades con la prevención
Entre 2024 y 2025, al menos 286 municipios de cinco departamentos se declararon en desastre a causa de lluvias e inundaciones. Son cifras que alarman, pero que no se traducen en políticas públicas sostenidas de prevención ni en la implementación de sistemas de alerta temprana a nivel nacional y subnacional.
La gestión del riesgo sigue concentrándose en la atención de la emergencia y no en la reducción de vulnerabilidades. De continuar esta tendencia, las pérdidas de vidas humanas, viviendas, cultivos y ganado seguirán repitiéndose ante la mirada pasiva de autoridades nacionales y municipales, mientras los eventos extremos se intensifican año tras año.
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