La contradicción entre las denuncias y su actividad proselitista eleva la tensión política en el departamento.
- El antecedente que marcó su gestión con el caso de las latas de cerveza (2022)
En febrero de 2022, el gobernador Santos Quispe fue sorprendido en su despacho con latas de cerveza vacías. El asambleísta Israel Alanoca grabó el momento en vivo, mostrando al gobernador bajo los efectos del alcohol dentro de la Gobernación. Quispe fue detenido, imputado por uso indebido de bienes del Estado y procesado judicialmente. Este episodio marcó el inicio de cuestionamientos constantes a su administración.
- Surgen denuncias de cobros irregulares en dependencias de la Gobernación (2024–2025)
Con el paso del tiempo, comenzaron a acumularse denuncias sobre supuestos cobros exigidos a funcionarios para mantenerse en sus cargos. No se trataba de aportes voluntarios, sino de “pagos obligatorios” canalizados por jefes de unidad y directores.
Los asambleístas Israel Alanoca y Samanta Coronado, de la agrupación Somos Pueblo, insistieron en fiscalizar estas y otras denuncias pese a intentos de obstrucción. Ambos se convirtieron en los únicos fiscalizadores activos de la gestión de Santos Quispe, según sus propias declaraciones.
- La intervención que destapó la presunta red donde hallaron planillas y dinero en efectivo (noviembre 2025)
Una inspección realizada por los fiscalizadores en una oficina del SEDES reveló:
- Planillas con nombres, cargos e ítems de más de 500 trabajadores.
- Una base de datos con registros de pagos mensuales.
- Cajones con dinero en efectivo en billetes de 20, 50, 100 y 200 bolivianos.
- Capturas de un grupo institucional de WhatsApp donde se instruía “ponerse al día con los aportes”.
Los asambleístas en esta oportunidad denunciaron que los pagos se repetían en Infraestructura, Protocolo, SEDES, SEDEGES y SEDEDE, lo que sugirió como una estructura organizada y no hechos aislados. Una de las involucradas incluso habría declarado que estas recaudaciones se realizaban “por instrucción del gobernador”.
- Detenciones, procesos y exigencias para investigar a Santos Quispe
Tras la intervención, dos funcionarios del SEDES fueron enviados a detención preventiva por presunta extorsión. Los fiscalizadores pidieron que también se cite al gobernador, al director del SEDES y a todos los jefes mencionados en las planillas.
La investigación sigue abierta en el Ministerio Público. Asambleístas opositores calificaron el caso como una posible “asociación criminal” dentro de la Gobernación Departamental.
- Pese a las denuncias, Santos Quispe activa su campaña y lanza partido propio (noviembre 2025)
Mientras continúan las denuncias, Santos Quispe inició actividades proselitistas en la ciudad de El Alto, donde inauguró casas de campaña y se reunió con sectores sociales afines.
Además, presentó oficialmente su nuevo partido político: Unidad Por el Cambio (UPC), organización con personería jurídica vigente que participará en las elecciones subnacionales de 2026 para Gobernación, alcaldías y asambleas departamentales.
Durante el acto político, Quispe llamó a “renovar la política” y pidió que se incorporen “candidatos nuevos”, a pesar de que enfrenta procesos abiertos y críticas crecientes por los cobros irregulares en su administración.
El contraste entre la magnitud de las denuncias y el inicio de su campaña genera preocupación en los sectores que piden investigar a fondo la red de presunta corrupción descubierta en la Gobernación.
Lo más relevante.
- Santos Quispe ha sostenido una relación conflictiva con asambleístas de oposición y con grupos ciudadanos que cuestionan su gestión.
- La Gobernación atribuye las denuncias a “exfuncionarios resentidos”, mientras los fiscalizadores sostienen que las pruebas materiales contradicen esta versión.
- El inicio de la campaña subnacional podría tensar aún más la dinámica política y judicial en La Paz, donde la población exige respuestas claras sobre el destino del dinero recaudado.
Según los asambleístas, la Fiscalía debe definir si amplía la investigación hacia niveles superiores de la Gobernación y si llamará a declarar a Santos Quispe. También anunciaron
nuevas inspecciones en otras reparticiones y adelantaron que presentarán más documentación que, según afirman, compromete directamente a la autoridad departamental. Paralelamente, el gobernador continúa su campaña electoral con el partido UPC, mientras la opinión pública exige transparencia y sanciones si se confirma la red de cobros ilegales.
