En el Día Internacional de la Mujer, la Coordinadora de la Mujer advierte que las desigualdades persisten en Bolivia. Más del 86% de las mujeres trabajan en la informalidad, los feminicidios superan los 1.200 casos en 13 años y la representación femenina en cargos ejecutivos sigue siendo mínima.
El boletín “La igualdad pendiente: Estado de situación de los derechos de las mujeres en Bolivia” revela que, pese a avances normativos, el país mantiene deudas estructurales en autonomía económica, justicia, derechos sexuales y reproductivos, y participación política femenina.
Autonomía económica
El análisis evidencia que la autonomía económica de las mujeres continúa limitada por la precariedad laboral y la sobrecarga del trabajo de cuidados. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Bolivia mantiene uno de los niveles más altos de empleo informal de la región (83,9%), afectando en mayor proporción a las mujeres (86,1%) que a los hombres (81,9%). Esto quiere decir que más de 8 de cada 10 personas ocupadas trabajan en la informalidad y, en el caso de las mujeres, la cifra se acerca a 9 de cada 10, lo que refleja una mayor precariedad laboral y menores condiciones de protección social para ellas.
Asimismo, los datos evidencian un “gran salto” en la participación laboral de las mujeres. En poco más de dos décadas, la tasa global de participación de las mujeres pasó de 45,7% en 2001 a 65,8% en 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), creciendo a un ritmo mayor que el de los hombres. Esto significa que hoy cerca de 7 de cada 10 mujeres participan en el mercado laboral, mientras que a inicios de siglo eran menos de 5 de cada 10.
Sin embargo, la brecha persiste: los hombres participan más de 8 de cada 10, lo que muestra que, pese al aumento en la presencia de las mujeres en el trabajo remunerado, ellas siguen enfrentando barreras estructurales para acceder y mantenerse en el mercado laboral en igualdad de condiciones.
Además, muchas mujeres se incorporan al mercado laboral a través del trabajo por cuenta propia o pequeños emprendimientos, generalmente con ingresos inestables y sin acceso a protección social, como seguro de salud o aportes para su jubilación. Esto muestra que tener un trabajo no siempre significa contar con autonomía económica real.
Más de medio millón de denuncias desde la Ley 348
Desde 2013, año de la promulgación de la Ley Nº 348 contra la Violencia a las Mujeres, Bolivia ha registrado más de medio millón de denuncias por hechos de violencia contra las mujeres (535.970 hasta el 28 de febrero de 2026), mientras que los feminicidios acumulados ascienden a 1.253 casos entre 2013 y el 6 de marzo de 2026, según datos del Ministerio Público. Solo en lo que va de este año se han registrado 19 feminicidios.
El informe también advierte graves limitaciones en el acceso a la justicia. Entre 2013 y 2023, apenas el 6,59% de los casos registrados en el marco de la Ley 348 (378.251 para ese periodo) concluyeron en una sentencia condenatoria, mientras que más del 90% de los procesos fueron rechazados, sobreseídos, desestimados o cerrados mediante salidas alternativas.
Para la Coordinadora de la Mujer estas cifras evidencian que el principal desafío no es la normativa, sino su implementación efectiva y el fortalecimiento del sistema de justicia y de los servicios de atención a víctimas.
Democracia paritaria
En el ámbito político, el boletín analiza las listas de candidaturas habilitadas para las elecciones subnacionales 2026, publicadas por el Órgano Electoral Plurinacional el 14 de febrero de 2026.
Los datos muestran avances en la representación legislativa: el 52% de las candidaturas a concejalías corresponde a mujeres; es decir, un poco más de la mitad. Sin embargo, las brechas se amplían en los cargos ejecutivos. Solo el 15% de las candidaturas a alcaldías (282 de 1.902) corresponde a mujeres, mientras que apenas el 8% de las candidaturas en el caso de las gobernaciones.
A ello se suma la persistencia del acoso y la violencia política. Un monitoreo del Observatorio de Género identificó 665 publicaciones en redes sociales con contenido de acoso y violencia política digital contra 17 candidatas, entre el 30 de noviembre de 2025 y el 13 de febrero de 2026.
Además, entre 2012 y 2025 se registraron 928 denuncias de acoso y violencia política contra mujeres, de las cuales menos del 1% llegó a sentencia, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Derechos sexuales y reproductivos
El informe también identifica avances en algunos indicadores de salud reproductiva. Los embarazos en adolescentes de 10 a 19 años disminuyeron de 82.416 en 2015 a 28.078 en 2024, según datos del Ministerio de Salud.
Sin embargo, el país aún registra más de 28.000 embarazos adolescentes al año, lo que refleja desigualdades persistentes vinculadas a la violencia sexual, la falta de educación integral en sexualidad y las barreras de acceso a servicios de salud.
Otro indicador crítico es la mortalidad materna, que alcanza 146 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, una de las tasas más altas de América Latina, según un informe del UNFPA.
Desafío
Ante ese panorama, la Coordinadora de la Mujer señala que el país enfrenta una decisión clave: “continuar con un modelo de desarrollo que reproduce desigualdades o avanzar hacia uno que coloque la sostenibilidad de la vida y la igualdad de género en el centro”.
Por ello, el boletín plantea la necesidad de incorporar metas verificables y presupuesto específico para garantizar la autonomía económica de las mujeres, fortalecer la lucha contra la violencia, garantizar derechos sexuales y reproductivos y consolidar una democracia paritaria libre de violencia.
“El país no puede iniciar un nuevo ciclo de desarrollo dejando nuevamente en segundo plano los derechos de las mujeres. Sin igualdad sustantiva, no hay democracia ni desarrollo sostenible”, señala el informe.
ABI
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